Los pueblos indígenas y las comunidades locales, en general, poseen más del 50 por ciento de las tierras del mundo, pero legalmente sólo se les reconoce la tenencia del 10 porr ciento de ellas. Tal diferencia les deja en una situación de vulnerabilidad ante los proyectos que el sector privado lleva a cabo en sus tierras y sin su consentimiento. A medida que inversionistas y corporaciones avanzan hacia áreas rurales cada vez más remotas en busca de tierras para agricultura, minería, tala forestal, infraestructura y demás proyectos, se intensifican por ende los conflictos entre las comunidades y el sector privado.
Los conflictos llegan a ser devastadores para pueblos indígenas y comunidades locales, quienes con frecuencia son objeto de criminalización por parte de sus propios gobiernos e incluso víctimas de violencia por simplemente defender sus tierras y sus medios de vida. A ese respecto, en 2018, la organización Global Witness documentó los asesinatos de 164 de personas defensoras del derecho a la tierra y del medio ambiente. Y aunque las empresas suelen prometer beneficios a las comunidades donde llevan a cabo sus operaciones, rara vez cumplen lo ofrecido.
Tales disputas perjudican también a las empresas. Los conflictos con las comunidades pueden ocasionar paros laborales, inversiones estancadas e incluso el abandono de los proyectos, todo lo cual repercute en sus ganancias. Distintos estudios de investigación demuestran que por lo general los conflictos ocurren cuando a las comunidades se les obliga a abandonar sus hogares y que, en la mayoría de los casos, las compañías no pueden valerse de su dinero para librarse de ellos. Si bien cada vez más inversionistas y empresas reconocen dichos riesgos y algunos se han comprometido a respetar los derechos sobre tierras comunitarias, ha resultado todo un desafío que logren cumplir sus responsabilidades en todas las extensas cadenas de suministro globales.
El reconocimiento de los derechos comunitarios y de su espíritu emprendedor constituye una alternativa a los modelos tradicionales donde las empresas adquieren grandes superficies de tierra. El reconocimiento de los derechos puede mejorar los medios de vida, los ingresos y otros indicadores de desarrollo y existe evidencia de que en realidad cuando las tierras se encuentran en poder de los pueblos locales, generan beneficios para más personas que las plantaciones.
Para empresas e inversionistas del sector agrícola, minero, maderable y de infraestructura, la inseguridad de los derechos de pueblos indígenas y comunidades locales sobre tierras comunitarias representa un riesgo financiero significativo. No respetar los derechos de las comunidades puede dar lugar a disputas que perjudiquen a empresas y comunidades por igual. [Fuente: TMP Systems y RRI 2016 (IAN: Managing Tenure Risk - en inglés)]
Cuando las empresas operan en áreas donde no se reconocen los derechos de propiedad comunitaria, los conflictos sobre la tenencia pueden significar costos financieros para los inversionistas. [Fuente: TMP Systems 2016 (IAN: Managing Tenure Risk - en inglés)]
El número de disputas en materia de tenencia va en aumento a nivel mundial. Los casos reportados se incrementaron un 300% entre 2003 y 2014 a medida que las empresas buscan grandes extensiones de tierra para proyectos de energéticos, infraestructura y agronegocios.
La idea de que existe gran cantidad de tierra disponible para la inversión es un mito. Según un estudio de casi 73 000 operaciones de minería, petróleo y gas, tala y agricultura en 10 países en vías de desarrollo, existen asentamientos humanos en 93-99% de las mismas.
Más de la mitad (54 por ciento) de las empresas involucradas en conflictos de tenencia analizadas en otro estudio sufrieron afectaciones significativas. En aproximadamente un tercio de los casos, experimentaron un impacto severo tal como la suspensión de la producción, la cancelación del proyecto o grandes multas.
La causa principal de las disputas no es la búsqueda de compensación sino el hecho que las comunidades se ven obligadas a abandonar sus hogares.
Normalmente, las empresas no logran valerse de su dinero para librarse de una disputa. De los 362 conflictos examinados, sólo el 7 por ciento se debió principalmente a cuestiones de compensación.
El impulsor más importante de conflictos (46% de los casos) fue el desplazamiento forzado de los pueblos locales hacia otras localidades. La destrucción ambiental fue el segundo mayor factor de conflictos (en 26% de los casos). [Fuente: TMP Systems 2016 (IAN: Managing Tenure Risk - en inglés)]
Más de las tres cuartas partes de todas las disputas ocurren al comienzo de un proyecto o cuando éste se expande porque las empresas casi nunca solicitan el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades. [Fuente: TMP Systems 2014 (Communities as Counterparties - en inglés)]
Los conflictos no resueltos sobre la tenencia de la tierra incrementan significativamente los riesgos financieros para empresas e inversionistas en infraestructura, minería, agricultura y silvicultura. Los costos operativos pueden aumentar hasta 29 veces más de lo normal e incluso llevar al abandono total de las operaciones en funcionamiento. El riesgo asociado a la tenencia de la tierra es estadísticamente significativo en todos los sectores de los países en desarrollo. [Fuente: TMP Systems 2012 (Financial Risks of Insecure Land Tenure - en inglés), TMP Systems 2013 (Global Capital Local Concessions - en inglés)]
Asegurar los derechos comunitarios sobre la tierra es un camino más prometedor hacia la reducción de la pobreza y el desarrollo económico sostenible que la agricultura de plantaciones. Casi un tercio de la población mundial depende de las tierras comunitarias para su sustento y medios de vida y los hogares más pobres son los más dependientes. El uso de la tierra por parte de las comunidades rurales resulta más sostenible, beneficia a más personas y genera mejores resultados ambientales que las grandes plantaciones y los proyectos extractivos. [Fuente: RRI 2017 (Asegurando los derechos sobre las tierras comunitarias: Prioridades y oportunidades para progresar hacia los objetivos climáticos y de desarrollo sostenible)]
El sector privado puede convertirse en aliado para garantizar los derechos territoriales indígenas y comunitarios.
Las corporaciones deben implementar políticas en materia de derechos humanos y derechos sobre la tierra de conformidad con normas internacionales como la DNUDPI y los Lineamientos voluntarios sobre la gobernanza responsable de la tenencia. El Grupo Interlaken elaboró la Guía de derechos sobre la tierra y los bosques para ayudar a las empresas a establecer un compromiso hacia los derechos territoriales, incluso en escenarios de gobernanza débil de la tierra y de áreas forestales.
En todas sus operaciones, las empresas deberían:
Identificar y, siempre que sea posible, ayudar a asegurar desde el punto de vista jurídico los derechos de tenencia de comunidades y hogares locales.
Solicitar el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades antes de finalizar planes de desarrollo y asegurarse que en las consultas se incluya a mujeres indígenas y de las comunidades, que a menudo tienen diferentes usos de los recursos que los hombres.
Asegurar sólidas protecciones ambientales que puedan ayudar a disminuir el riesgo de conflictos con las comunidades locales. Las comunidades generalmente dependen de los recursos naturales para sus medios de vida y tienden a reaccionar con vehemencia si alguien daña su aire, sus bosques o su agua potable.
Apoyar el mapeo comunitario para ayudar a las comunidades a definir sus territorios y ayudar a inversionistas y empresas a evitar el riesgo asociado a la tenencia. En promedio, dicho mapeo cuesta solamente US $ 3.78 por hectárea, pero puede disminuir los riesgos significativamente.
Realizar auditorías periódicas, independientes y transparentes sobre su desempeño en materia de derechos humanos y derechos sobre la tierra. [Fuente: RRI y el Grupo Interlaken 2019 (Respecting Land and Forest Rights: A Guide for Companies)]
Según un estudio de casos de conflicto sobre la tenencia realizado en África por RRI y TMP Systems (Sistemas TMP), 63% de las disputas relacionadas con las inversiones en tierra y recursos naturales del sector privado en ese continente se iniciaron cuando las comunidades se vieron obligadas a abandonar sus territorios. En más de dos tercios de los casos se registró un paro laboral significativo o una intervención legal, hecho que demuestra que en diversas ocasiones los conflictos asociados con la tenencia afectan financieramente a los inversionistas y de manera significativa. [Fuente: RRI y TMP Systems 2017, Tenure and Investment in Africa - en inglés]
En África occidental, la agricultura de las plantaciones y en especial los proyectos de obtención de aceite de palma generan la mayoría de las disputas. El estudio reveló que el desplazamiento comunitario fue el principal factor del 70% de los conflictos derivados de la tenencia, mientras que las cuestiones relacionadas con la búsqueda de compensación representaron el principal impulsor en 30% de los casos. El 60% de las disputas acerca de la tenencia llevaron a paros laborales que afectaron las ganancias de empresas e inversionistas; el 30% generaron actos de violencia. [Fuente: RRI y TMP Systems 2017, Tenure and Investment in Africa - en inglés]
En África meridional, el desplazamiento comunitario fue el principal factor impulsor del 82% de las disputas sobre tenencia analizadas. El 73% generó paros laborales y 73% desencadenó actos violentos—el porcentaje más elevado de violencia para conflictos de ese tipo en el mundo. [Fuente: RRI y TMP Systems 2017, Tenure and Investment in Africa - en inglés]
Problemas relacionados con infraestructura y servicios públicos dan pie a la mayoría de los conflictos en África Oriental y las comunidades han utilizado marcos legales más sólidos para entablar demandas contra compañías que violan sus derechos. El desplazamiento comunitario fue el principal impulsor del 36% de las disputas asociadas con la tenencia que se analizaron en el estudio, mientras que la búsqueda de compensación fue el principal factor en 27% de los casos. El 73% de los conflictos asociados a la tenencia llevaron a paros laborales. [Fuente: RRI y TMP Systems 2017, Tenure and Investment in Africa - en inglés]
Un análisis de las disputas sobre la tenencia en el sudeste asiático, realizado por RRI y TMP Systems, encontró que sólo se han resuelto 6 de 51 casos recientes de conflictos relacionados con la tenencia de tierras en esa región, mientras que 74% se han demorado más de seis años. [Fuente: RRI y TMP Systems 2018, Tenure and Investment in Southeast Asia - en inglés]
En toda la región, el 47% de los casos terminaron en actos de violencia y en 18% se registraron muertos. Más de tres cuartas partes de los conflictos sobre tenencia que se examinaron (76%) surgieron antes de arrancar operaciones, hecho que sugiere la falta de negociaciones iniciales de buena fe con las comunidades afectadas. El desplazamiento de los pueblos locales, que obligó a comunidades enteras a abandonar sus tierras ancestrales, fue el principal impulsor de casi la mitad de esas disputas (45%). [Fuente: RRI y TMP Systems 2018, Tenure and Investment in Southeast Asia - en inglés]
En promedio, los conflictos del sudeste asiático analizados se encontraban a sólo 33 kilómetros de una frontera nacional, a diferencia de África, donde ocurrieron a 61 kilómetros. Las zonas fronterizas suelen tener menor supervisión por parte de gobiernos y observadores externos, situación que genera mayores riesgos de inversión. [Fuente: RRI y TMP Systems 2018, Tenure and Investment in Southeast Asia - en inglés]
Casi dos tercios de las disputas (65%) afectaron significativamente a los patrocinadores del proyecto, ya sea como resultado de una acción directa o intervención de tipo reglamentario, en comparación con el 52% en el resto del mundo. Casi tres cuartas partes (71%) de los casos implicaron acciones legales. [Fuente: RRI y TMP Systems 2018, Tenure and Investment in Southeast Asia - en inglés]
Un análisis de 13 concesiones forestales que abarcaban 59 130.02 kilómetros cuadrados reveló que el 100% de la superficie se encontraba habitada. [Fuente: TMP Systems 2014 (Communities as Counterparties - en inglés)]
Un análisis de 115 concesiones de petróleo y gas establecidas en 239 832.62 kilómetros cuadrados de superficie demostró que el 96-100% de la misma se encontraba habitada. [Fuente: TMP Systems 2014 (Communities as Counterparties - en inglés)]
Al analizar casi 10 000 concesiones mineras en Colombia que cubrían más de 50 000 kilómetros cuadrados de tierras se encontró que 97-99% de las mismas se encontraban habitadas. [Fuente: TMP Systems y RRI 2014 (Communities as Counterparties - en inglés)]
Mediante un estudio de 229 concesiones petroleras en Colombia establecidas en un área de 155 000 kilómetros cuadrados, se encontraron asentamientos humanos en 98-100% de la misma. [Fuente: TMP Systems and RRI 2014 (Communities as Counterparties - en inglés)]
El gobierno ha asignado más de 40% del territorio nacional para operaciones maderables, mineras y de perforación de gas y petróleo. [Fuente: TMP Systems 2014 (Communities as Counterparties - en inglés)]
Al analizar 105 concesiones forestales establecidas en 79 351.73 kilómetros cuadrados de tierras, se encontraron habitantes en 98-100% de las mismas. [Fuente: TMP Systems 2014 (Communities as Counterparties - en inglés)]
Al analizar 59 159 concesiones mineras en una superficie de 269 894.01 kilómetros cuadrados, se descubrieron asentamientos humanos en 92-100% de la misma. [Fuente: TMP Systems 2014 (Communities as Counterparties - en inglés)]
Un estudio de 70 concesiones de gas y petróleo establecidas en un área de 203 258.17 kilómetros cuadrados reveló que 97% de dichas tierras se encontraban habitadas. [Fuente: TMP Systems 2014 (Communities as Counterparties - en inglés)]
El gobierno de Liberia ha asignado más del 35% del territorio del país a operaciones maderables, de minería y de perforación para petróleo y gas. [Fuente: TMP Systems 2014 (Communities as Counterparties - en inglés)]
Un análisis de 15 concesiones agrícolas en un área de 6911.93 kilómetros cuadrados reveló que se encuentra totalmente habitada por asentamientos humanos. [Fuente: TMP Systems 2014 (Communities as Counterparties - en inglés)]
Un análisis de 222 concesiones de tala forestal establecidas en 32 758.16 kilómetros cuadrados reveló que se encuentra 100% habitada por asentamientos humanos. [Fuente: TMP Systems 2014 (Communities as Counterparties - en inglés)]
En análisis previos se ha subestimado seriamente el papel desempeñado por los conflictos relacionados con la tierra en el estancamiento de proyectos de inversión en la India, así como la magnitud del costo representado por los mismos para la economía y la sociedad de ese país. De los 80 proyectos de alto valor paralizados, que se analizaron en un estudio realizado por RRI y el Instituto Bharti de Política Pública, más de una cuarta parte (21 proyectos) se encuentran detenidos debido a dichos conflictos. [Fuente: RRI e Instituto Bharti de Política Pública 2016, Land Disputes and Stalled Investments in India - en inglés]
El total de inversión expuesto a riesgo en estos 21 proyectos es de 1,92,620 crores de rupias (es decir, 1926.2 mil millones de rupias) ó 300% más que lo revelado por cálculos anteriores. [Fuente: RRI e Instituto Bharti de Política Pública 2016, Land Disputes and Stalled Investments in India - en inglés]
La adquisición tanto de tierras comunales como privadas es una de las principales causas del estancamiento de los proyectos: a diferencia de lo que se cree comúnmente, que las disputas se limitan a tierras privadas, al menos el 15% de los proyectos detenidos se encontraban en tierras comunales. El valor total de la inversión de estos últimos fue de 118 800 crores de rupias (1188 mil millones) ó US $ 17 mil millones. [Fuente: RRI e Instituto Bharti de Política Pública 2016, Land Disputes and Stalled Investments in India - en inglés]
De los 21 proyectos detenidos, analizados por RRI y el Instituto Bharti de Política Pública, en 14 de ellos la causa principal de los conflictos fue la adquisición de tierras privadas. [Fuente: RRI e Instituto Bharti de Política Pública 2016, Land Disputes and Stalled Investments in India - en inglés]
El gobierno del país ha asignado más del 30% del territorio nacional a operaciones maderables, de minería y de perforación para petróleo y gas. [Fuente: TMP Systems 2014 (Communities as Counterparties - en inglés)]
Al analizarse 1845 concesiones de aceite de palma en 155 245.18 kilómetros cuadrados de superficie, se encontraron habitantes en 98-99% de la misma. [Fuente: TMP Systems 2014 (Communities as Counterparties - en inglés)]
Al analizarse 557 concesiones de tala forestal establecidas en 302 505.81 kilómetros cuadrados de tierras, se encontraron habitantes en 96-98% de las mismas. [Fuente: TMP Systems 2014 (Communities as Counterparties - en inglés)]
Un estudio de 570 concesiones de fibra de madera establecidas en 128 829.03 kilómetros cuadrados encontró asentamientos humanos en 98-100% de dicha superficie. [Fuente: TMP Systems 2014 (Communities as Counterparties - en inglés)]
Las corporaciones de aceite de palma establecidas en Indonesia han devorado más del 59% de los bosques comunitarios de Kalimantan Occidental, aunque contribuyen con menos del 2% al PIB del país y no han aumentado el porcentaje de empleo en áreas rurales. La desigualdad se ha intensificado y los derechos territoriales de los pueblos indígenas se han transferido en gran medida a las corporaciones. [Fuente: RRI 2015 (Industrial Oil Palm Development - en inglés)]