Cerrar la brecha en el reconocimiento de los derechos a la tierra de las comunidades indígenas y locales representa la mayor oportunidad del mundo -en términos de cobertura de la tierra y número de personas afectadas- para avanzar en los objetivos globales de clima y desarrollo.
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Hasta 2.500 millones de personas dependen de las tierras comunitarias para su subsistencia y su cultura. Los Pueblos Indígenas y las comunidades locales poseen habitualmente más del 50% de la tierra del mundo, pero sólo tienen derecho a la propiedad legal del 10%.
Reconocer los derechos a la tierra de los Pueblos Indígenas y las comunidades locales del mundo es una solución crucial para el cambio climático. Las tierras comunitarias tienden a almacenar más carbono y biodiversidad y tienen menores tasas de deforestación que las tierras gestionadas por particulares, gobiernos y empresas.
Las comunidades Indígenas y locales gestionan muchos de los grandes bosques y puntos de biodiversidad del mundo, tierras que son el principal objetivo de los proyectos a gran escala ambientalmente destructivos. Cuando las comunidades se levantan para defender sus hogares y proteger el planeta, suelen recibir ataques.
Las mujeres de las comunidades Indígenas y locales desempeñan un papel fundamental tanto en la alimentación de sus familias como en la protección de los recursos de los que depende toda la población. Garantizar sus derechos es vital para alcanzar los objetivos globales de desarrollo sostenible y del clima.
A medida que los inversores y las empresas se adentran en zonas rurales cada vez más remotas en busca de tierras para la agricultura, la minería, la explotación forestal, las infraestructuras u otros proyectos, aumentan los conflictos entre las comunidades y el sector privado. Estos conflictos pueden ser devastadores tanto para las comunidades como para las empresas, pero el sector privado puede ser un aliado a la hora de garantizar los derechos territoriales indígenas y comunitarios.