Criminalización de los defensores de las tierras indígenas y comunitarias
Criminalización de los defensores de las tierras indígenas y comunitarias
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Video clips: de líderes indígenas que hablan sobre criminalización
Gráficos con citas sobre casos de criminalización
Sitio web: Criminalización de los pueblos indigenas y las comunidades
Narrativa global
Narrativa global
Los pueblos indígenas y las comunidades locales manejan muchos de los grandes bosques y puntos críticos de biodiversidad del mundo —tierras que son objetivos de inversión de la agricultura, la minería, la tala de árboles y otros proyectos a gran escala que destruyen el medio ambiente. Cuando las comunidades se levantan para defender sus hogares y proteger el planeta, a menudo son atacadas. Estos ataques pueden incluir violencia, asesinatos y amenazas —así como la persecución legal y otras tácticas para criminalizar a los defensores de la tierra o empañar su reputación. En la raíz de esta violencia legal y física se encuentra la inseguridad de los derechos sobre la tierra y el racismo arraigado hacia los pueblos indígenas y las comunidades rurales.
La Relatora Especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, quien fuera acusada falsamente de ser una «terrorista» por el gobierno filipino en represalia por hablar en nombre de las comunidades indígenas desplazadas, calificó este ataque a los derechos humanos como una «crisis global». Esta violencia sigue a menudo los mismos patrones: comenzando con campañas de difamación y de incitación al odio para pintar a las comunidades como «obstáculos para el desarrollo», o incluso como terroristas y delincuentes. A menudo siguen órdenes de detención por cargos falsos, normalmente contra líderes indígenas, ya que los gobiernos y las empresas aprovechan los sistemas de justicia para legitimar las falsas acusaciones. Cuando se produce violencia física, en general, los perpetradores quedan impunes.
Mensajes y datos claves
Mensajes y datos claves
La expansión de los proyectos de desarrollo hacia las tierras de los pueblos indígenas y las comunidades locales sin su consentimiento está provocando una crisis mundial de violencia y criminalización contra los defensores del medio ambiente. La documentación de cientos de asesinatos y casos de «criminalización» revela un ataque sistémico a las comunidades.
En 2018, al menos 321 personas en 27 países fueron asesinadas en represalia por su trabajo en defensa de los derechos humanos. Más de tres cuartas partes (77 %) de las víctimas defendían derechos a la tierra, el medio ambiente y los pueblos indígenas. [Fuente: Front Line Defenders 2019]
Al menos el 49 % de las personas asesinadas en 2018 habían recibido previamente una amenaza directa específica, y en un 43 % adicional de los asesinatos, se habían hecho amenazas generales contra los defensores en la zona. [Fuente: Front Line Defenders 2018]
Según otro cálculo, 164 defensores de la tierra y del medio ambiente fueron asesinados en 2018, la mitad de ellos en América Latina. La industria minera y extractiva fue el sector que sufrió más muertes, con 43 defensores asesinados por protestar contra los efectos dañinos de la extracción de minerales. [Fuente: Global Witness 2020 (Defender el Mañana)]
La criminalización y los casos civiles con agresión se utilizan cada vez más para reducir el activismo ambiental y la defensa de la tierra en todo el mundo, «incluso en países “desarrollados”' como Estados Unidos». [Fuente: Global Witness 2020 (Defender el Mañana)]
A pesar de su papel crucial en la protección de los bosques, los pueblos indígenas y las comunidades locales también son víctimas de acoso, criminalización, desalojos y asesinato en nombre de la conservación. Pierden sus hogares y medios de subsistencia cuando sus territorios tradicionales son etiquetados como «áreas protegidas» sin su consentimiento libre, previo e informado.
Las tierras de los pueblos indígenas se superponen con alrededor del 40 % de todas las áreas protegidas y más del 65 % de las tierras más remotas y menos habitadas de la Tierra. [Fuente: (Garnett, Stephen T. et. al (Nature Sustainability)]
Los enfoques de la conservación como «fortaleza» —que se basan en el concepto histórico de que las áreas protegidas son tierras vírgenes e intactas— están perpetuando un sistema de abusos y violaciones de los derechos humanos contra los pueblos indígenas y las comunidades locales que tradicionalmente han habitado y protegido estas tierras. [Fuente: Tauli-Corpuz, Victoria, Janis Alcorn y Augusta Molnar 2018 (Cornered by Protected Areas)]
La idea de que la conservación requiere vaciar la tierra de sus habitantes consuetudinarios no reconoce que los pueblos indígenas y las comunidades locales son los guardianes más efectivos y eficientes del bosque. Sus tierras almacenan al menos el 22 % (218 gigatoneladas) del carbono total que se encuentra en los bosques tropicales y subtropicales (incluyendo tanto las fuentes superficiales como las subterráneas). [Source: RRI 2017 (Una referencia global de almacenamiento de carbono)]
Las comunidades indígenas y locales logran como mínimo los mismos resultados de conservación con menos de una cuarta parte del presupuesto de las áreas protegidas. [Fuente: Tauli-Corpuz, Victoria, Janis Alcorn y Augusta Molnar 2018 (Cornered by Protected Areas)]
La criminalización de los defensores de los derechos sobre la tierra suele seguir un patrón similar:
Campañas de difamación: Impulsadas por discursos de odio basados en el racismo y la discriminación, las tácticas difamatorias y las campañas de difamación en las redes sociales muestran a los integrantes de los pueblos indígenas como miembros de bandas criminales, guerrilleros, terroristas y como una amenaza contra la seguridad nacional.
Cargos penales: A menudo se acusa a los líderes indígenas y a sus comunidades de cargos imprecisos, como «perturbación del orden público», «usurpación», «intrusión», «conspiración», «coacción» e «instigación al delito». Se utilizan los «estados de emergencia» para suspender las garantías judiciales y reprimir las protestas pacíficas.
Órdenes de arresto: Se emiten las órdenes repetidamente a pesar de la falta de pruebas y de testimonios no corroborados. A veces, en las acusaciones no se nombra a las personas, lo que deja a toda una comunidad acusada de un delito. Muchas veces, las órdenes quedan pendientes, sin que se exija su cumplimiento, dejando a los indígenas afectados sujetos a una amenaza perpetua de arresto.
Atajos ilegales: El enjuiciamiento de los indígenas suele incluir detenciones preventivas que pueden durar incluso varios años, ya que con frecuencia no se cumplen las garantías procesales. Los pueblos indígenas casi nunca tienen los medios para procurarse asesoramiento legal o incluso encontrar un intérprete. En caso de ser absueltos, rara vez los indígenas reciben algún tipo de resarcimiento.
Criminalización masiva: Las organizaciones indígenas han sido objeto de vigilancia y confiscaciones ilegales, mientras que las leyes que imponen requisitos de registro y controles de financiación debilitan su movilización y restringen su apoyo. Las organizaciones de la sociedad civil y los abogados que asisten a las comunidades indígenas han sido atacados físicamente e incluso asesinados.
Mensajes y datos a nivel regional
Mensajes y datos a nivel regional
Latinoamérica
Latinoamérica
Latinoamérica ha sido siempre la región más letal para los defensores de la tierra y el medio ambiente desde que Global Witness comenzó a publicar datos sobre los asesinatos en 2012, y da cuenta de más de la mitad del total de los asesinatos registrados en todo el mundo en 2018. [Fuente: Global Witness 2020 (Defender el Mañana)]
África
África
De los 19 defensores de la tierra y el medio ambiente que se informó que fueron asesinados en 2017, 17 estaban «defendiendo las áreas protegidas contra cazadores furtivos y mineros ilegales». [Fuente: Global Witness 2020 (Defender el Mañana)]
Asia
Asia
Filipinas tuvo el mayor número de muertes en 2018; 30 fueron asesinatos, y «15 de estas muertes estaban relacionadas con la agroindustria». [ Global Witness 2020 (Defender el Mañana)]
Mensajes y datos a nivel nacional
Mensajes y datos a nivel nacional
Colombia
Colombia
Colombia es uno de los tres peores países para los defensores del medio ambiente cada año. Fue el segundo peor en 2018, con al menos 24 asesinatos de defensores de los derechos sobre la tierra y del medio ambiente. [Fuente: Global Witness 2020 (Defender el Mañana)]
Al menos 123 líderes de derechos humanos o miembros de comunidades marginadas fueron asesinados en Colombia en 2018. La mayoría de estos asesinatos «apuntaron a activistas de los derechos de los afrocolombianos e indígenas, además de a campesinos y propietarios de tierras». [Fuente: Washington Office on Latin America 2019]
Brasil
Brasil
Brasil fue el cuarto país más letal para los defensores de la tierra y del medio ambiente en 2018, con 20 asesinatos reportados. Por primera vez, Brasil ha caído del primer lugar en la clasificación de Global Witness. Esto coincide con la caída general de las tasas de homicidios en 2018. [Fuente: Global Witness 2019 (¿Enemigos del Estado?)]
La violencia contra los pueblos indígenas, las comunidades locales y las comunidades quilombolas (afrobrasileñas) ha persistido con impunidad para los responsables. En 2016, se reportaron 196 incidentes de violencia contra comunidades rurales en el estado de Maranhão, que también fue el estado con el mayor número de asesinatos de personas de pueblos indígenas. [Fuente: Deberían haberlo sabido 2018)]
RDC
RDC
En la República Democrática del Congo, se informó que 8 defensores de la tierra y el medio ambiente fueron asesinados en 2018, de un total de 14 asesinatos registrados en África (este bajo número puede deberse a la escasez de pruebas en la región). [Fuente: Global Witness 2019 (¿Enemigos del Estado?)]
Kenia
Kenia
Dos defensores de la tierra y el medio ambiente fueron asesinados en Kenia en 2018. Uno de ellos era miembro de la comunidad indígena de Sengwer y fue asesinado durante un desalojo forzoso por guardias del Servicio Forestal de Embobut. [Fuente: Global Witness 2019 (¿Enemigos del Estado?)]
India
India
En 2018, 13 personas fueron asesinadas en la mayor masacre documentada ese año por Global Witness, relacionada con una protesta en una mina de cobre en Tamil Nadu. [Fuente: Global Witness 2019 (¿Enemigos del Estado?)]
Un informe de la BBC de 2017 reveló que las autoridades del Parque Nacional Kaziranga de la India fueron responsables de 106 ejecuciones extrajudiciales —incluidas las de ancianos y niños— durante 20 años. [Fuente: Cornered by Protected Areas 2018]
En la India, alrededor de 2 millones de hogares, o unos 10 millones de personas de comunidades indígenas y tribales, se enfrentan actualmente a la amenaza de ser desalojados de sus bosques tradicionales, a raíz de una orden contenciosa de la Corte Suprema que se encuentra actualmente en suspenso hasta julio de 2019. [Fuente: Arun Agrawal 2019]
Indonesia
Indonesia
En Indonesia, al menos 262 miembros de comunidades indígenas de 13 provincias han sido víctimas de la criminalización y la violencia en los últimos años. [Fuente: AMAN 2018]
En 2016, AMAN, la mayor organización de pueblos indígenas de Indonesia, informó de que 271 líderes y activistas indígenas del país habían sido condenados por delitos, incluyendo a nueve de ellos que seguían en prisión. [Fuente: AMAN 2016]
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